La huelga de los taxistas en el Estado español se inició el miércoles de la semana pasada en Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diera la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, suspendiendo el reglamento vigente en el Área Metropolitana de Barcelona sobre las licencias de transporte en vehículos descaracterizado a partir de plataforma electrónica (TVDE), como las multinacionales Uber o Cabify, que preveía la concesión de una licencia de TVDE por cada 30 de taxi.
La protesta se extendió a varias ciudades y, después de que los taxistas catalanes ocuparon una de las principales avenidas de Barcelona, ayer fueron los madrileños a obstruir el Paseo de la Castellana. Los profesionales del taxi exigen al gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) que defienda al sector, limitando la asignación de licencias a las plataformas mencionadas, que acusan de hacerles «competencia desleal» y «no cumplir con sus obligaciones fiscales».
Reunidos este lunes con el secretario de Estado de las Infraestructuras, Pedro Saura, las principales asociaciones del taxi anunciaron que iban a mantener la huelga, habiendo incluso la hipótesis de prolongarla hasta el Consejo de Ministros del próximo viernes, el sector del taxi será una cuestión central.
Tras la reunión, las asociaciones revelaron que el ejecutivo se comprometió a hacer una «declaración política de compromiso con el sector del taxi» en el Consejo de Ministros del viernes y que les garantizó que en septiembre aprobará una ley para garantizar la seguridad de la proporción 1/30 en la asignación de licencias.
Para Miguel Ángel Leal, de Fedetaxi, estas propuestas son «insuficientes», en la medida en que nada garantiza a los taxistas que el gobierno, minoritario, pueda hacer pasar la ley en el Parlamento o que las comunidades autónomas – para cuyo ámbito el gobierno quiere pasar regulación del sector – la apliquen.
En declaraciones a la prensa, el secretario de Estado de las Infraestructuras, Pedro Saura, reafirmó el compromiso del ejecutivo en la resolución de esta «herencia endiablada» del gobierno de Mariano Rajoy (PP), así como la intención de pasar la asignación de las licencias de TVDE para el ámbito autonómico.