El pasado 15 de octubre, el gobierno de Michel Temer aprobaba el Decreto presidencial Nº 9.527, que acaba de ser sancionado, por el que autoriza “la creación de una Fuerza de Tareas de Inteligencia para enfrentar al crimen organizado en Brasil”.
El presidente electo, Jair Bolsonaro, elegido por 57,8 millones de personas representa el creciente apoyo al conservadurismo, el protagonismo de valores religiosos, el encarcelamiento y la represión como mecanismos de su gobierno. Durante su campaña, el candidato logró imponerse con su discurso de odio y su referencia a la dictadura militar, lo que nos lleva a asociar esta medida con la de los Destacamentos de Operación Interna (DOI) y los Centros de Operaciones y Defensa Interna (CODI) que fueron creadas en la dictadura militar que gobernó el país desde de 1964 hasta 1985.
Estos destacamentos se ocupaban de controlar la información y reprimir a los opositores al régimen en Brasil, entre ellos movimientos estudiantiles, colectivos sociales, investigadores y resto de opositores.
El actual decreto Nº 9.527 afirma en su artículo primero que la fuerza de tareas tiene el objetivo de “enfrentarse al crimen organizado en Brasil, teniendo la competencia de analizar y compartir datos y generar informes de inteligencia, con el objetivo de servir de base a políticas públicas y a la acción del gobierno, en el enfrentamiento a organizaciones criminales que atacan al estado brasileño y a sus instituciones”, pero el mismo no concreta a que denomina “organizaciones criminales” quedando así abierta la interpretación para la agencia de inteligencia militar.
Criminalizar el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra
El Senado brasileño, apenas un día tras las elecciones, realizó una consulta a través de la disposición SUG 2/2018: “¿Vd. está a favor o en contra de criminalizar al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), al Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), y otros movimientos llamados sociales, que invaden propiedades?”.
La Cámara de Diputados ha propuesto castigar la apología del comunismo
Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados acepta deliberar sobre el proyecto de ley Nº 5358/16, presentado por el hijo del presidente electo, Eduardo Bolsonaro. El proyecto propone la criminalización de la apología del comunismo.
Bolsonaro ya anunció con anterioridad su intención de “borrar a los marginales rojos”, así como el fomento a la lucha de clases e incluye el castigo con reclusión (de dos a cinco años) y multa, a quien elabore, comercialice o difunda símbolos de propaganda que utilicen la hoz y el martillo, o cualquier otro medio de divulgación favorable al comunismo.
Denunciar a los profesores que expresen opiniones críticas
La diputada Ana Carolina Campagnolo, del partido de Bolsonaro (PSL) suma a esta situación en Brasil la presentación de una propuesta que pide que se permita que los estudiantes puedan denunciar a los profesores que expresen opiniones críticas sobre el presidente electo.