El país andino fue la semana pasada escenario de una nueva jornada de movilización de los estudiantes colombianos en defensa de mayor inversión pública para la educación, especialmente en el sector de la enseñanza superior pública.
De acuerdo con los promotores de la movilización, las universidades públicas son objeto de la crónica política de desinversión por parte del Estado, que condujo a un profundo déficit presupuestario en las instituciones de enseñanza.
Para ver concretada esta exigencia, hace más de un mes que los estudiantes colombianos de cerca de 60 instituciones, incluyendo 32 universidades, realizan una paralización, decretada por las principales organizaciones estudiantiles colombianas, que reivindican también una educación pública, gratuita y de calidad, entendida como un «derecho fundamental y que no excluye a los jóvenes con menos recursos».
A los estudiantes se unieron profesores, organizaciones indígenas, sindicatos y políticos de la oposición. En las manifestaciones por todo el país, también quedo patente el rechazo de la reforma tributaria anunciada por el ejecutivo de Iván Duque, el actual presidente del país latinoamericano por el Partido Centro Democrático.
En declaraciones a los medios, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subrayó que estas eran precisamente las principales exigencias de la jornada de movilización:
«La retirada del proyecto de reforma tributaria, que contempla la aplicación del IVA a la canasta familiar […], y que el gobierno defina, a través del diálogo con los estudiantes, profesores y trabajadores de la enseñanza universitaria, una estrategia para retirar a las universidades colombianas de la crisis en que se encuentran».
En Bogotá, ESMAD y gases lacrimógenos
Los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) usaron granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra estudiantes que participaban en la manifestación en la capital colombiana, a pesar de que esta se desarrolló de forma pacífica, según indicaron miembros del Congreso y profesores que estaban en ella.
El propio Ministerio colombiano de Defensa reconoció que la movilización transcurrió «con toda tranquilidad». Sin embargo, el ESMAD (cuerpo policial de intervención conocido por la violencia con que interviene y cuya presencia en las diversas manifestaciones mereció el «vehemente repudio» de la Unión Nacional de Estudiantes por la Educación Superior de Colombia) cargó sobre los estudiantes en Bogotá.
Estudiantes colombianos, congresistas y profesores denunciaron la situación.
María José Pizarro, diputada de la Cámara de Representantes, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, para garantizar el derecho de los estudiantes a la protesta.