La reivindicación de declarar la emergencia alimentaria en Argentina por parte de las organizaciones sociales no es nueva, pero, en los últimos tiempos, la situación en los barrios populares, entre la población más vulnerable, se ha vuelto «crítica». Las medidas de austeridad promovidas por el gobierno de Mauricio Macri afectan de pleno a los trabajadores y en los barrios populares hay «miles de familias desempleadas que acuden a las cantinas sociales», que están «abarrotadas».
La información fue transmitida en un documento conjunto de las organizaciones promotoras de la jornada nacional de protesta, en la que figuraban, entre otras, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el movimiento social Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.
En la capital, Buenos Aires, la movilización incluyó cortes de carretera, cánticos, consignas y carteles, varias horas de ocupación de las calles desde la Avenida 9 de Julio hasta terminar frente al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social.
«Ante la grave crisis económica y alimentaria que se vive en los barrios populares», los movimientos sociales y populares decidieron «salir a la calle para decir «basta»», se lee en el documento divulgado por las organizaciones promotoras, que añaden: «Ante el aumento de la pobreza y la austeridad que profundiza día a día, exigimos diálogo y respuestas por parte del gobierno».
Bahía Blanca, Rosario, Salta, Córdoba, Misiones, Mendoza, Tucumán, Esquel, Chaco y Santiago del Estero fueron otras ciudades argentinas donde hubo manifestaciones para vincular la necesidad de reforzar los fondos asignados a las cantinas sociales, así como la urgencia de la declaración de emergencia alimentaria, para «aliviar las consecuencias de la crisis» entre los sectores más desfavorecidos, señala el Diario Página 12.
Exigieron al gobierno argentino la creación de más programas de empleo y manifestaron, además, su repudio ante la «criminalización de la protesta», teniendo en cuenta el anteproyecto de ley que Macri ya tiene listo para enviar al Senado.
«El acuerdo con el FMI y las condiciones de endeudamiento, junto con el presupuesto de austeridad que está siendo aprobado en el Congreso, no hacen más que agravar el panorama en que vivimos y tienen impacto directo en las condiciones de vida del pueblo trabajador y, más aún, en el sector de la economía popular», denuncian las organizaciones sociales.
Criminalización de la protesta
Según los medios de comunicación argentinos, a los que TeleSur hace referencia, Macri llevará este mes al Senado un anteproyecto de reforma del Código Penal que endurece la legislación sobre los cortes de carretera y penaliza a los migrantes.
TeleSur señala que el gobierno argentino pretende aumentar las penas por cortes de carretera, entendidos como «atentados a la seguridad pública», y crear el crimen de «incumplimiento de la prohibición de entrada en el país» a los inmigrantes.
Un alto funcionario del gobierno macrista dijo a El Destape Web que este Código Penal reformado defiende valores como el de la «convivencia en la calle, que fue muy poco sancionado», algo que, a su entender, «tiene que empezar a cambiar». «Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben sufrir consecuencias», dijo.