La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz fue nombrada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 6 del pasado mayo, con el propósito de aclarar los hechos ocurridos durante la ola de violencia golpista, iniciada el 18 de abril. El miércoles, presentó al Parlamento un informe con datos preliminares, en el que se precisan las circunstancias en que se produjeron las muertes en Nicaragua y los daños causados entre abril y julio en el país latinoamericano.
El documento indica que 269 personas fallecieron durante la violencia registrada en el período mencionado, en acciones que tuvieron como objetivo derribar al gobierno de Daniel Ortega. De ellos, al menos 150 perdieron la vida en los cortes de carretera impuestos en el país y 27 por fuego cruzado.
Estos bloqueos «se convirtieron en escenarios de muerte en León, Jinotepe, Masaya […]. En ellos se violaron los derechos a la libre circulación para el trabajo, la recreación, la cultura, la educación; fueron sinónimo de muerte, tortura, vejación y odio», se lee en el documento, citado por Prensa Latina.
El texto desmiente aún la supuesta masacre de estudiantes cometida en el país por fuerzas leales a Ortega. En su mayoría, las víctimas eran «obreros» y «trabajadores por cuenta propia» (62 y 62, respectivamente), desempleados (46), agricultores (16), comerciantes (11), jóvenes que no estaban estudiando (9), que sólo ocho eran estudiantes universitarios y seis estudiantes de secundaria.
«Los casos de tortura y asesinato (13) fueron [perpetrados] con rabia y odio», informó también la Comisión, aclarando que ninguno de los asistentes participaba en protestas: eran funcionarios del Estado, de todos los niveles, o personas vinculadas políticamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional [FSLN]».
Además de las muertes en Nicaragua se registraron 2035 heridos en el país según el informe (en el grupo de edad de 16 a 25 años), siendo el último caso relacionado con la ola de violencia el ocurrido el 28 de agosto, según se señala en el documento.
La Comisión destaca la buena respuesta del sistema de salud pública, que funcionó sin restricciones durante la «crisis» sociopolítica, ya que tanto el Ministerio de Sanidad y la Cruz Roja dieron órdenes expresas para acoger a cualquier persona que se dirigiera a sus centros de salud por atención -circunstancias que, revela TeleSur, fueron verificadas por cientos de personas-.
«Durante este período, se mantuvo una guerra psicológica con la intención de derrocar al gobierno constitucional elegido. La ausencia de fuerzas de seguridad pública, por exigencia de la oposición, hizo aumentar la delincuencia», subraya el texto.
Tras estas 269 muertes en Nicaragua y los millares de heridos «La paz debe regresar paulatinamente y el Estado debe garantizar la oportuna justicia reparadora para las víctimas del conflicto», defiende la Comisión, apelando a la oposición para que promueve un clima de justicia social y paz.